México podría dar un giro importante a su política de telecomunicaciones con una propuesta de la Secretaría de Hacienda para reducir en 12% el costo del espectro radioeléctrico. La medida busca corregir uno de los principales obstáculos que durante años han enfrentado los operadores para ampliar sus redes, aumentar la cobertura y desarrollar nuevas tecnologías como el 5G.

La propuesta forma parte del Paquete Económico 2027 y contempla modificaciones a la Ley Federal de Derechos. De aprobarse, representaría un cambio en la política que durante casi dos décadas ha mantenido elevados los costos asociados al uso de las frecuencias radioeléctricas en México.

El espectro radioeléctrico es un recurso fundamental para el funcionamiento de las comunicaciones móviles. A través de estas frecuencias operan servicios de telefonía, internet móvil y diferentes aplicaciones que dependen de redes inalámbricas. Por ello, el precio que deben pagar las empresas tiene un impacto directo en las posibilidades de inversión y expansión de la infraestructura.

Durante años, organismos internacionales y representantes de la industria han advertido que los costos establecidos en México se encuentran entre los más elevados de la región. El problema se volvió más evidente cuando algunos operadores comenzaron a devolver frecuencias debido a que mantenerlas dejó de resultar económicamente viable.

El país también enfrenta un rezago en la cantidad de espectro disponible para servicios móviles. Actualmente cuenta con alrededor de 695 MHz destinados a servicios móviles masivos, mientras que la referencia recomendada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones alcanza los 1,280 MHz. Esto significa que México dispone de poco más de la mitad del espectro considerado necesario para garantizar mejores condiciones de cobertura y calidad.

La situación se vuelve más relevante ante el crecimiento del consumo de datos móviles y la expansión de tecnologías como el 5G. Una mayor disponibilidad de frecuencias permitiría a los operadores ampliar la capacidad de sus redes y responder al aumento de la demanda de conectividad.

Los altos costos también han tenido consecuencias en los procesos de asignación de frecuencias. En una subasta realizada en 2021, solamente tres de los 41 bloques disponibles encontraron comprador. Para especialistas y representantes del sector, este resultado evidenció que el problema no era la falta de interés en ampliar las redes, sino las condiciones económicas asociadas al uso del espectro.

Las devoluciones de frecuencias también tuvieron un efecto sobre las finanzas públicas. Entre 2019 y 2024, las renuncias de Telefónica y AT&T representaron para Hacienda alrededor de 23 mil 281 millones de pesos que dejaron de recaudarse. Esto puso en evidencia una paradoja: mantener tarifas elevadas podía terminar reduciendo los ingresos del propio gobierno cuando las empresas optaban por devolver espectro.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos también ha señalado que el modelo mexicano requiere ajustes. Entre sus observaciones se encuentra que las tarifas elevadas pueden desalentar la inversión, limitar la competencia y dificultar la entrada de nuevos participantes al mercado.

Ahora, la reducción propuesta por Hacienda podría abrir una nueva etapa para el sector. El objetivo sería que un menor costo permita aumentar la participación de empresas en futuras licitaciones y que las frecuencias disponibles terminen convirtiéndose en nuevas antenas, mayor cobertura y mejores servicios para los usuarios.

El cambio llega además en un momento en que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones prepara nuevos procesos para asignar espectro destinado a diferentes usos, incluyendo servicios móviles 5G, aplicaciones industriales y cobertura en comunidades rurales y zonas con menor conectividad.

El desafío será comprobar que la reducción de los derechos tenga un efecto real sobre las inversiones. Para que la medida cumpla su objetivo, será necesario que los operadores encuentren condiciones suficientemente atractivas para adquirir frecuencias y destinar recursos al desarrollo de infraestructura.

La propuesta representa un cambio relevante en la forma en que México ha administrado uno de sus recursos tecnológicos más importantes. Después de años en los que los altos costos fueron señalados como una barrera para la expansión de las telecomunicaciones, el gobierno busca ahora encontrar un equilibrio entre la recaudación y la necesidad de impulsar la conectividad.

Si la reducción consigue atraer nuevos participantes, aumentar la inversión y acelerar el despliegue de redes, México podría comenzar a reducir el rezago que mantiene frente a otros países de la región. El verdadero resultado de la medida, sin embargo, dependerá de que el menor costo del espectro se traduzca en mayor infraestructura, competencia y acceso a servicios de telecomunicaciones para la población.