La Ciudad de México se encamina hacia una nueva regulación para el mercado de vivienda en renta. El Gobierno capitalino prepara una iniciativa de Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles que busca establecer reglas más amplias para los contratos de arrendamiento, limitar los incrementos en las rentas y fortalecer los mecanismos de protección para quienes alquilan una vivienda.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que la propuesta será presentada ante el Congreso de la Ciudad de México el próximo 14 de octubre. El proyecto pretende complementar las disposiciones que ya existen en la capital y establecer un marco más amplio para atender el aumento en los costos de vivienda y los problemas relacionados con el desplazamiento de habitantes. 

Uno de los puntos centrales de la iniciativa será mantener el principio de que las rentas no pueden incrementarse por encima de la inflación registrada durante el año anterior. Esta regla ya forma parte del Código Civil de la Ciudad de México, pero el nuevo proyecto busca construir un esquema normativo más amplio que defina mecanismos para hacer efectivo el límite y establezca nuevas obligaciones tanto para arrendadores como para autoridades.

El antecedente inmediato se encuentra en la reforma aprobada en 2024, cuando el Congreso capitalino modificó las disposiciones relacionadas con el arrendamiento de vivienda. Desde entonces, el Código Civil establece que el incremento anual de una renta habitacional no puede superar la inflación reportada por el Banco de México correspondiente al año anterior. También se incorporó un registro digital de contratos de arrendamiento y se estableció la necesidad de impulsar políticas públicas para ampliar la oferta de vivienda en renta a precios accesibles. 

En febrero de 2026, además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la constitucionalidad del límite establecido en el artículo 2448 D del Código Civil capitalino. Con esa resolución quedó respaldada la disposición que impide que el aumento anual de una renta habitacional sea superior a la inflación del año previo.

Para 2026, por ejemplo, el incremento máximo de referencia quedó en 3.69%, debido a que ese fue el nivel de inflación utilizado como referencia para el periodo. Esto significa que una vivienda cuyo alquiler mensual era de 10 mil pesos no podría aumentar legalmente hasta 10 mil 500 o 11 mil pesos únicamente por la renovación anual del contrato; bajo el límite establecido, el incremento máximo sería de 369 pesos. 

La nueva iniciativa de Brugada busca ir más allá de establecer un porcentaje máximo. El proyecto plantea desarrollar una política integral de vivienda que incluya mayor oferta de inmuebles destinados al arrendamiento social y asequible, especialmente para sectores que enfrentan mayores dificultades para acceder a una vivienda.

La propuesta también contempla la creación de una Defensoría de las Relaciones Inquilinarias. Este organismo tendría entre sus funciones orientar y acompañar tanto a propietarios como a inquilinos, además de intervenir en conflictos relacionados con los contratos de arrendamiento y promover el cumplimiento de los derechos y obligaciones de ambas partes. 

La intención es que el problema de la vivienda no sea abordado únicamente desde el precio de la renta. El Gobierno capitalino plantea ampliar la disponibilidad de vivienda social y asequible, incrementar la reserva territorial y desarrollar políticas que permitan que más personas permanezcan en las zonas donde han construido sus vínculos familiares, laborales y comunitarios.

Este último punto está relacionado con el fenómeno de la gentrificación, que se ha convertido en uno de los principales elementos del debate sobre vivienda en la capital. El aumento en el precio de los inmuebles y de las rentas en determinadas zonas puede provocar que habitantes que llevan años viviendo en ellas ya no puedan asumir los costos y tengan que trasladarse a otras áreas de la ciudad.

La iniciativa constitucional enviada previamente por el Gobierno capitalino plantea reconocer el derecho al arraigo vecinal y comunitario, además de establecer como obligación gubernamental incrementar de manera significativa la oferta de vivienda social y asequible. El proyecto fue recibido por el Congreso local en abril y turnado a las comisiones de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Vivienda para su análisis. (Ciudadana)

La administración capitalina también ha planteado aumentar la oferta de vivienda pública. En abril, Brugada informó que durante su administración se contempla la construcción de 80 mil viviendas en coordinación con el Gobierno federal, de las cuales 20 mil estarían destinadas al arrendamiento. 

El problema que busca atender la iniciativa tiene una dimensión importante para los hogares que dependen del alquiler. El propio Congreso capitalino ha señalado que una parte significativa de la población de la ciudad vive en viviendas arrendadas y que el aumento de los costos inmobiliarios ha incrementado la presión económica sobre los hogares.

La discusión también contempla el impacto que tienen las plataformas de alojamiento temporal en determinadas zonas de la ciudad. El Gobierno capitalino ya había planteado fortalecer la regulación de viviendas utilizadas para estancias de corta duración, con el objetivo de evitar que una transformación excesiva del mercado reduzca la disponibilidad de vivienda para quienes buscan un hogar permanente. 

Otro elemento que formará parte del debate será la relación entre propietarios e inquilinos. Mientras los arrendatarios buscan mayor certeza frente a incrementos de precios y posibles desalojos, los propietarios requieren reglas claras para garantizar el cumplimiento de los contratos y la protección de sus derechos sobre los inmuebles.

La intención de la nueva legislación, de acuerdo con el Gobierno capitalino, es establecer un equilibrio entre ambas partes. La propuesta de una Defensoría de Relaciones Inquilinarias busca precisamente generar un mecanismo institucional para orientar, mediar y atender posibles conflictos antes de que deriven en situaciones más graves.

El debate legislativo será determinante para conocer el alcance final de la reforma. Aunque el principio de limitar los incrementos de las rentas a la inflación ya está establecido en la legislación local y fue respaldado por la Suprema Corte, la nueva iniciativa pretende convertir ese límite en parte de una política más amplia de vivienda y protección al arrendamiento.

La presentación del proyecto ante el Congreso capitalino abrirá una nueva etapa de discusión sobre el mercado de alquiler en la ciudad. Los legisladores deberán analizar los mecanismos propuestos, sus implicaciones para propietarios e inquilinos y la manera en que las nuevas disposiciones podrían aplicarse en un mercado inmobiliario marcado por el incremento de precios, la falta de vivienda asequible y el desplazamiento de algunos sectores de la población.

Por ahora, el próximo 14 de octubre será una fecha clave para conocer el contenido completo de la iniciativa. A partir de su presentación comenzará el proceso legislativo que determinará qué propuestas se incorporan finalmente a la legislación de la Ciudad de México y cuáles podrían ser modificadas durante su discusión.