Los cambios en el mercado de telefonía móvil ponen sobre la mesa los obstáculos para invertir en México. Especialistas advierten que los costos del espectro y las dificultades para instalar infraestructura siguen limitando la competencia.
La reconfiguración del sector de telecomunicaciones en México, marcada por la salida de Telefónica y la próxima transferencia de las operaciones de AT&T a Grupo Televisa, ha generado cuestionamientos sobre las condiciones que existen en el país para atraer inversiones y mantener una competencia efectiva.
Aunque la operación de AT&T podría dar mayor fuerza a Televisa en el negocio de telefonía móvil, especialistas consideran que el movimiento no representa la llegada de un nuevo participante, sino la concentración de activos y operaciones en una empresa que ya tiene presencia en el sector.
Elena Estavillo, excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y directora general del Centro-i, señaló que el fortalecimiento de Televisa podría contribuir a consolidar un competidor de mayor tamaño. Sin embargo, advirtió que la salida de compañías internacionales también debe analizarse como una señal sobre las dificultades que enfrentan las empresas para desarrollarse en el mercado mexicano.
En una línea similar, Ernesto Piedras, director general de la consultora The Competitive Intelligence Unit (CIU), consideró que estos cambios generan dudas sobre la posibilidad de competir en condiciones equitativas dentro de una industria que continúa creciendo.
La retirada de Telefónica, que redujo su operación con infraestructura propia antes de acordar la venta de su negocio en México, se suma al proceso de desinversión de AT&T. En conjunto, ambos movimientos modificarán la estructura del mercado y podrían reducir el número de operadores con una presencia relevante.
No obstante, una menor cantidad de participantes no necesariamente implica una competencia menos intensa. Para los analistas, el resultado dependerá de la capacidad de las empresas para invertir, ampliar la cobertura y modernizar sus redes, así como de las condiciones regulatorias que permitan ofrecer mejores servicios a los consumidores.
Uno de los principales obstáculos identificados por Estavillo es el costo del espectro radioeléctrico, recurso indispensable para proporcionar servicios de telefonía móvil. De acuerdo con la especialista, los pagos por su utilización pueden representar una carga considerable para los operadores, especialmente para aquellos que no cuentan con la escala comercial de las empresas dominantes.
Esta diferencia puede reducir los incentivos para invertir y dificultar que los competidores más pequeños amplíen sus redes o desarrollen ofertas capaces de disputar clientes a las compañías con mayor participación.
A ello se suman los gastos y retrasos relacionados con la instalación de antenas y otras obras de infraestructura. Los trámites administrativos, los permisos locales y los derechos que deben cubrirse en distintas localidades elevan los costos de expansión y pueden frenar el despliegue de nuevas tecnologías.
Aunque se han planteado ajustes a los cobros por el uso del espectro, Estavillo considera que esa medida, por sí sola, no resolvería todos los problemas. También sería necesario revisar las condiciones para construir infraestructura y eliminar obstáculos administrativos que dificultan la llegada de inversiones.
La relevancia de estas barreras va más allá de las empresas telefónicas. Una infraestructura de telecomunicaciones más amplia y moderna resulta fundamental para impulsar la digitalización de los servicios, facilitar los pagos electrónicos y fortalecer las actividades económicas que dependen de la conectividad.
Otro aspecto clave será la revisión de las reglas aplicables a los agentes económicos preponderantes. Con los cambios en el marco institucional, la Comisión Nacional Antimonopolio tendrá que evaluar las medidas vigentes y determinar si continúan siendo adecuadas para las condiciones actuales del mercado.
Las disposiciones originales se establecieron en 2014, cuando el panorama tecnológico era distinto al actual. Desde entonces, los servicios tradicionales de telecomunicaciones han evolucionado y mantienen una relación cada vez más estrecha con las plataformas digitales, por lo que especialistas consideran necesario actualizar las herramientas regulatorias.
Para Estavillo, esta revisión representa una oportunidad para analizar a fondo la eficacia de las reglas y evitar que se mantengan disposiciones que ya no respondan a la dinámica de la industria.
En cuanto a los usuarios, los efectos de la operación de AT&T no necesariamente serán inmediatos. Los cambios dependerán de las decisiones que adopte Televisa sobre las marcas, los paquetes comerciales y la integración de sus servicios de conectividad, una vez que la transacción concluya y obtenga las autorizaciones correspondientes.
El principal desafío será conseguir que la nueva estructura empresarial se traduzca en inversiones, mayor cobertura y mejores servicios, sin reducir las opciones disponibles para los consumidores. La salida de dos operadores internacionales coloca nuevamente en el centro del debate la necesidad de contar con reglas claras y condiciones que permitan competir en el mercado mexicano.
